Gastos operativos de los congresistas
Son varias las denuncias corroboradas sobre irregularidades cometidas por diversos parlamentarios en la utilización de recursos económicos.
Se trata de contratación de empleados 'fantasmas’, de “asesores” no calificados, del recorte de remuneraciones de colaboradores o de la justificación del uso de los gastos operativos con comprobantes falsos. Se trata, pues, de un problema del sistema remunerativo y de contratación del Congreso, así como de una práctica bastante difundida.
Es probable que todo se haya acentuado tras la decisión del presidente Alan García que redujo los sueldos de altos funcionarios y de los congresistas, recurriendo estos a maniobras para obtener recursos que compensen la merma en sus ingresos.
Según el Reglamento del Congreso, los parlamentarios tienen derecho a percibir “gastos operativos”, monto destinado a solventar el servicio de personal y asesores y apoyo logístico, adicionalmente a lo que para estos aspectos les brinda el Congreso.
Del uso de dichos recursos debe rendirse cuenta mensualmente: 30% con comprobantes de pago y el saldo con una declaración. Los gastos operativos no pagan impuestos y, como se puede ver, no pueden utilizarse como ingreso extra del congresista, ni para que este lo destine a obras sociales.
Sin embargo, muchos parlamentarios parece que los han venido empleando como un complemento de su remuneración mensual. De allí que, ante los recientes escándalos, el Congreso se apreste a aprobar una norma que 'sincera’ los actuales gastos operativos y los convierte en una asignación, que paga impuestos pero que no es pensionable, que en los hechos supone un incremento de la remuneración efectiva. Así, de-saparecen los gastos operativos y su rendición.
Los parlamentarios deben percibir una remuneración adecuada, a fin de dedicarse exclusivamente a su función; siendo así, habría que reformar la Constitución y disponer que su labor sea a dedicación exclusiva, sin que puedan realizar actividad laboral o comercial alguna.
El personal de apoyo debe ser remunerado por el Congreso. Para los legisladores provenientes de los distintos departamentos del país, el Parlamento debe cubrir directamente el costo de su pasaje y viáticos para el traslado periódico a su localidad de origen, pero solo cuando, efectivamente, se realiza dicho viaje.
No es válido ni ético que los parlamentarios reciban ingresos extras camuflados y libres de impuestos, pero es justo que los gastos que demanda la vinculación de un congresista con su región no salgan de su sueldo, pues ello perjudicaría a quienes no son representantes por Lima.
Se trata de contratación de empleados 'fantasmas’, de “asesores” no calificados, del recorte de remuneraciones de colaboradores o de la justificación del uso de los gastos operativos con comprobantes falsos. Se trata, pues, de un problema del sistema remunerativo y de contratación del Congreso, así como de una práctica bastante difundida.
Es probable que todo se haya acentuado tras la decisión del presidente Alan García que redujo los sueldos de altos funcionarios y de los congresistas, recurriendo estos a maniobras para obtener recursos que compensen la merma en sus ingresos.
Según el Reglamento del Congreso, los parlamentarios tienen derecho a percibir “gastos operativos”, monto destinado a solventar el servicio de personal y asesores y apoyo logístico, adicionalmente a lo que para estos aspectos les brinda el Congreso.
Del uso de dichos recursos debe rendirse cuenta mensualmente: 30% con comprobantes de pago y el saldo con una declaración. Los gastos operativos no pagan impuestos y, como se puede ver, no pueden utilizarse como ingreso extra del congresista, ni para que este lo destine a obras sociales.
Sin embargo, muchos parlamentarios parece que los han venido empleando como un complemento de su remuneración mensual. De allí que, ante los recientes escándalos, el Congreso se apreste a aprobar una norma que 'sincera’ los actuales gastos operativos y los convierte en una asignación, que paga impuestos pero que no es pensionable, que en los hechos supone un incremento de la remuneración efectiva. Así, de-saparecen los gastos operativos y su rendición.
Los parlamentarios deben percibir una remuneración adecuada, a fin de dedicarse exclusivamente a su función; siendo así, habría que reformar la Constitución y disponer que su labor sea a dedicación exclusiva, sin que puedan realizar actividad laboral o comercial alguna.
El personal de apoyo debe ser remunerado por el Congreso. Para los legisladores provenientes de los distintos departamentos del país, el Parlamento debe cubrir directamente el costo de su pasaje y viáticos para el traslado periódico a su localidad de origen, pero solo cuando, efectivamente, se realiza dicho viaje.
No es válido ni ético que los parlamentarios reciban ingresos extras camuflados y libres de impuestos, pero es justo que los gastos que demanda la vinculación de un congresista con su región no salgan de su sueldo, pues ello perjudicaría a quienes no son representantes por Lima.
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