Ciértamente, como señaló Hector Danniel, Adopta un Congresista no es una campaña que se deba quedar en el aspecto estrictamente legal, sino que debe operar como un recordatorio a los funcionarios públicos de la importancia de su responsabilidad frente a los ciudadanos que los eligieron o pagan sus sueldos con sus respectivos impuestos.
Sin embargo, no debe dejarse de lado que esta campaña ha logrado visibilizar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, una norma establecida a inicios de esta década y que trata, justamente, de establecer obligaciones jurídicas para los funcionarios públicos, en el entendido que la información del Estado, en la mayor parte de los casos, debe ser de libre acceso a cada persona.
Si no fuera por este instrumento, las entidades públicas no estarían obligadas a colocar su información en sus respectivos portales electrónicos - y, aun así, hay organismos que no publican estos datos de modo completo -, lo que impediría que cada uno de nosotros sepamos quienes son los responsables de cada sector u órgano específico, las funciones que desempeñan y las contrataciones y adquisiciones que se hacen. Se trata, en suma, de una herramienta para poder fiscalizar el accionar del Estado.
Además, como ha señalado claramente el ejercicio de esta campaña, cada uno de nosotros puede pedir información a cualquier entidad pública. La única limitación que existe es que la misma sea clasificada como reservada por temas de seguridad nacional o por respeto a la intimidad de las personas. Estas son las únicas limitaciones que existen sobre la materia, por lo que cualquier negativa que no tenga estos elementos en cuenta va contra la Ley y la Constitución.
En suma, esta campaña nos recuerda el ejercicio de un derecho ciudadano, que todos los peruanos podemos y debemos hacer valer y cumplir.
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